JVRE llama a “estar informados” sobre los procesos de reforma en materia hídrica
Durante las últimas semanas, la JV del Río Elqui ha estado recabando información, escuchando opiniones y analizando los cambios propuestos, con el fin de informar mejor a sus 5.300 accionistas sobre los alcances y efectos que tendría el proyecto de modificación al actual Código de Aguas y la modificación Constitucional sobre el derecho de propiedad sobre las agua.
La semana recién pasada, doce Organizaciones de Usuarios de Agua (OUA) de la región de Coquimbo, junto con la Sociedad Agrícola del Norte (SAN), emitieron una declaración pública en que se declara la incertidumbre del sector agrícola sobre el proyecto de reforma constitucional en materia hídrica, que afectaría la propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua., declaración de la que formó parte la Junta de Vigilancia del Río Elqui (JVRE).
La Presidenta de la Junta de Vigilancia del Río Elqui, Mariela Arqueros Vargas, señaló que “a nuestro entender aquí hay compromisos que no se están cumpliendo. Se nos insiste en que no se tocarán los derechos de aprovechamiento de agua ya otorgados, sin embargo, la senadora Muñoz anunció que insistirá en derogar el texto de la constitución que asegura a nuestros regantes la propiedad de sus derechos”.
Sobre este intercambio de declaraciones y la discusión en torno a las reformas en materia de agua, el director de la JVRE, Marino Ruiz, señaló que “como directores de la Junta de Vigilancia estamos mandatados por los regantes, que son los dueños y propietarios de las acciones de agua, para administrar el agua y velar por que estos derechos se mantengan de la mejor forma posible. Por esto, es muy importante que estén lo más informados posible y sepan qué está ocurriendo en la cámara de Diputados y el Senado y eso es justamente lo que hoy estamos haciendo como organización”.
Visión experta
Hace unos días visitó la ciudad de La Serena el Abogado de la Pontificia Universidad Católica y Experto en Asuntos Públicos, Gonzalo Cordero, quien opinó que “estos cambios radicales que modifican las bases de los sistemas sin una evidencia empírica que demuestre que es lo conveniente, finalmente no funcionan y generan este clima de legítima inquietud y legítima inseguridad en las personas”.
Cordero recordó que hace unos días la Presidenta Michelle Bachelet llamó a la ciudadanía e inversionistas a la tranquilidad, a dejar atrás la incertidumbre, “sin embargo, por otra parte se discuten proyectos de este tipo que afectan la esencia del régimen de propiedad en un bien tan importante como es el agua. Hay una contradicción evidente y es muy difícil pedir a la gente que despeje esas dudas e incertidumbre”.
El punto más preocupante para los usuarios del agua, es que si bien en primera instancia la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado habría rechazado derogar el último inciso del numeral 24°, en el artículo 19 de la Constitución, que señala que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”, la Senadora anunció en un medio de comunicación local que insistiría en esta iniciativa.
Al respecto, Cordero señaló que “tengo la esperanza de que una norma así no va a prosperar en el Congreso hoy día, pero si en Chile hacemos reformas constitucionales, deberíamos hacerlas para fortalecer los derechos y no para debilitarlos. Me parece que van en el sentido contrario de la modernidad y de cómo funciona el mundo civilizado y desarrollado”.
Agregó que debilitar el derecho de propiedad en cualquier ámbito es “un error”, pues sería una señal con efectos inevitables en el resto del sistema social. “Si hoy día es el agua ¿quién me garantiza que mañana no va a ser la minería o los contratos en virtud de los que se explotan los hidrocarburos o la regulación de otros recursos naturales como el litio, la sal…?”, ejemplificó.
Finalmente, advirtió que este proceso podría debilitar políticamente el derecho de propiedad con que cuentan actualmente los regantes, pues “si tienes un derecho que el legislador considera que de alguna manera es injusto y, por lo tanto, lo modifica en un sentido distinto, el derecho que tienes es un derecho que la sociedad consideró injusto”.
Lo anteriorgeneraría un derecho precarizado, es decir, un derecho que se debilita en términos jurídicos y “cuando yo tengo un derecho que vale menos, soy más pobre. Hoy día todo aquel que tenga un derecho de aprovechamiento de aguas, si una reforma de este tipo prospera,a mi juicio se empobrece”.
