Comunidades critican proyecto Kimal-Lo Aguirre por afectaciones e irregularidades en proceso de participación
Por cinco regiones de Chile pretende pasar el megaproyecto de transmisión Kimal – Lo Aguirre, alcanzando los 1.342 km naciendo en la subestación Kimal de Antofagasta y terminando en la subestación Lo Aguirre de la región Metropolitana.
De forma sigilosa inicialmente, pero posteriormente con bombo y platillo, el Coordinador Eléctrico Nacional impulsó el kilométrico proyecto que en diciembre de 2020 significó el desarrollo de «roadshow» -reuniones con ejecutivos empresariales- en el marco del proceso de licitación internacional para construir la primera línea de transmisión de corriente continua del país, argumentando que esta permitiría hacerse cargo de la energía eléctrica proveniente de proyectos “renovables” que se han desatado en distintos lugares del país.
En ese entonces, el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, indicaba que el proyecto pretende operar “en paralelo al corredor existente de 500kV AC, facilitando el proceso de descarbonización que se encuentra actualmente en curso ayudando a lograr nuestro objetivo a largo plazo de alcanzar la carbono neutralidad para 2050”. Así las cosas, en febrero de 2021 se publicó el llamado internacional a la licitación de la gigantesca línea de transmisión, el cual finalizó en diciembre del mismo año adjudicando el proyecto al Consorcio Yallique, conformado por ISA Inversiones Chile SpA, Transelec Holdings Rentas Limitada y China Southern Power Gird International, debido a «que presentó la oferta más económica para la obra».
Sin embargo, no fue hasta octubre de 2023 que Conexión Kimal Lo Aguirre S.A -compuesta por las tres empresas anteriormente mencionadas- ingresó su Estudio de Impacto Ambiental con una inversión de US$1.480 millones. Así las cosas, el Servicio de Evaluación Ambiental ha iniciado el Proceso de Participación Ciudadana (PAC), como también ha solicitado el pronunciamiento de diversas instituciones respecto al estudio presentado por el conglomerado. Sobre esto último, hasta el momento en que se redacta este escrito al menos 20 entidades se han pronunciado con observaciones dirigidas al EIA, entre las que se encuentran declaraciones dirigidas a la falta de información relacionada al proyecto producto de su misma envergadura y consideración por parte del conglomerado empresarial.
En esta línea, la comunidad de La Verbena, en Vallenar (Atacama) ha alertado acerca de impactos que arrastraría el proyecto y cuestionan el proceso de participación ciudadana que duraría -inicialmente- hasta febrero de este año. El presidente de la Junta de Vecinos de La Verbena, Marcelo Torres Madariaga, ha señalado que «estamos luchando contra una empresa poderosa”, la cual ha ingresado fuertemente en las comunidades generando divisiones, sin embargo prevalece una oposición al trazado del proyecto que compromete al sector en el que también habitan niñas, niños y adultos mayores.
En este sentido, han logrado establecer contacto con otras comunidades que también se verían afectadas con el proyecto. Tal es el caso del Valle del Elqui, donde la Junta de Vecinos de El Molle ya ha exigido cambios al trazado del proyecto de líneas de transmisión.
De igual forma, Torres ha ejemplificado irregularidades en el proceso de evaluación planteando que no se ha considerado a la Comunidad Diaguita La Cachina Las Pintadas, acusando que “la empresa ha involucrado a otras comunidades fuera del sector, y no a La Cachina que se encuentra contra el proyecto”. Por otro lado, han identificado «deficiencias y anomalías que se están estudiando en la comunidad», en un contexto de participación ciudadana que, acusan, se encuentra cooptado y sobre el cual de parte de autoridades políticas han existido diversas declaraciones. Sobre esto último, desde la Junta de Vecinos de La Verbena explican que han tenido algunos respaldos de parte de concejales y consejeros regionales tras emplazamientos de la misma comunidad.
Por otro lado, las y los vecinos explican que este proyecto no se estaría realizando considerando la nueva ley de transmisión eléctrica, siendo una de las irregularidades fundamentales de la iniciativa de líneas de transmisión. Esto, contemplando que el proyecto, explican desde la Junta de Vecinos, no sería sometido a estudio de franjas a partir de una modificación realizada por el Ministerio de Energía, promoviendo la aceleración del proceso de obras.
Asimismo, las y los vecinos han señalado en sus propios registros que el proyecto afecta tanto a la calidad de vida de la población -haciendo énfasis a la permanencia de adultos mayores-, como también «nos afecta en flora y fauna, como también en el turismo que es un gran potencial de nuestros vecinos».
En esta línea, señalan que se está promoviendo un gobierno “con todos los empresarios y las grandes empresas» y dándole la espalda a las comunidades.
