Alcaldes buscan precio justo para el gas mientras Contraloría dice que es inconstitucional
La actividad se desarrolló en Chiguayante, Región del Biobío, en donde nació la idea de hacer un modelo similar a las “farmacias populares”.
Con la participación de más de 100 alcaldes de todo Chile, se realizó la Cumbre Nacional del Gas por el Precio Justo en la Casa de la Cultura de Chiguayante, Región del Biobío. Durante la jornada, los jefes comunales estudiaron el modelo para la distribución minorista del gas licuado, con el objetivo de reducir el consto para los vecinos.
De la región participaron los alcaldes de Illapel, Denis Cortés, de Salamanca, Gerardo Rojas, Coquimbo, Ali Manouchehri, y de Vicuña, Rafael Vera, Presidente de la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo.
Para la primera autoridad comunal de Vicuña, fue una instancia para conocer el módelo propuesto por el alcalde de Chiguayante, y saber que pasos a seguir, considerando la volunta de ENAP de poder realizarlo. “Fue provechosa reunión, liderada por el alcalde de Chiguayante. De la región fuimos varios porque estamos interesados, tenemos que ver los pasos a seguir”.
Sin duda esto se ha dado por el alto valor del gas licuado sumado a que la Comisión Investigadora del GAS, aprobó por unanimidad el informe que detectó Colusión en el «mercado» del gas. En 12 meses el costo del gas licuado ha aumentado un 32%. Utilidades anuales 2020 Gasco $39.159 millones, Lipigas $34.997 millones y Abastible $67.698 millones.
El jefe edilicio dijo que para poder lograrlo se tendrá que realizar un camino bastante largo, pero que está la voluntad de los alcaldes de poder canalizarlo. “Existe todas las ganas, tenemos que ver que resoluciones hay al respecto, pero la posibilidad de una asociación podría ser la instancia de generar la venta de gas a precio justo”.
Es importante consignar que La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que la venta de “gas popular”, impulsada por los alcaldes del país para abaratar los costos de este bien para la ciudadanía, es inconstitucional.
El dictamen emitido se da luego de una presentación realizada por los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco quienes preguntaron “si, ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas”.
Al respecto, la entidad señaló que “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.
Pese a la delicada situación que plantearon los municipios en su presentación, “la venta de gas a sus vecinos solo puede ser efectuada en la medida que el legislador lo autorice expresamente”. Por ende, se necesita un cambio de norma legislativa que permita esta comercialización.
