Por: Marcela Carreño Mardones, Directora Sernam Región de Coquimbo.
Son 27 femicidios consumados los que se han registrado a la fecha a nivel país. 27 vidas que han sido arrebatadas por la violencia de quienes dijeron algún día amarlas. La violencia de género ha sido naturalizada e invisibilizada considerándose un tema privado que se trata únicamente en el hogar y no se concibe ni aprehende como un fenómeno social que es en extremo preocupante.
La violencia hacia las mujeres no son hechos aislados ni privados, sino producto de acciones constantes que se ejerce en la cotidianidad. Hablamos de un flagelo que parece no acabar. Decir que es un asunto privado es imprudente y naturaliza la realización de delitos que hoy aqueja y que exacerba esta cadena de violencia que termina en la expresión más brutal: el femicidio.
El femicidio se produce porque el hombre se siente con derecho sobre la mujer pues le considera objeto de su propiedad. Las humillaciones, los golpes, los insultos, son algunos ejemplos del dominio masculino, moldeando la subjetividad de las mujeres a la sumisión. La violencia hacia la mujer, en donde se da cabida a los estereotipos sexistas que nos menoscaban, incluso ha llegado a determinar la manera cómo vestirnos, cómo pensar o cómo actuar.
Motivo de principal preocupación del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet es la prevención y el combate contra la violencia hacia las mujeres. Es por ello que se crearán 25 nuevas Casas de Acogida en todo el país, una de ellas se establecerá en nuestra región, la cual permitirá la atención de mujeres víctimas de violencia grave, que se suman a las 24 ya existentes, y se incrementarán en un 12% los centros de la mujer que entregan atención profesional ambulatoria de manera gratuita. Junto con ello, el Gobierno está trabajando desde las diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil vinculadas a este tema, en el diseño del Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres. Por otro lado y a propósito de la sentencia del caso de femicidio ocurrido en la Comuna de Salamanca donde el agresor fue condenado a la pena de siete años de presidio efectivo, el Sernam Regional manifiesta su conformidad por lo resuelto por el tribunal, no obstante se está trabajando para que la Ley de VIF sea más efectiva y las penas puedan endurecerse.
