Región de Coquimbo y San Juan inician trabajo conjunto por la igualdad de género, contra las violencias y la discriminación
En el marco de la recientemente creada subcomisión de Género y Diversidad, parte del trabajo de Diálogo Político entre ambas regiones, las y los consejeros regionales se reunieron con representantes de la Universidad Nacional de San Juan, quienes han desarrollado un potente trabajo por la igualdad de género.
En 2016 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, creó la Oficina por la Igualdad de Género, contra las violencias y la discriminación, dependiente de la Secretaría de Bienestar Universitario de dicha casa de estudios, junto con aprobar el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia a la identidad de género y contra las mujeres en el ámbito universitario.
A fin de conocer en detalle esta experiencia, representantes del Consejo Regional se reunieron con la Vicerectora de la universidad, Analía Ponce, y representantes de esta oficina, instancia en la que intercambiaron antecedentes de ambos territorios, además de acordar un plan de acción para avanzar en conjunto respecto de estas temáticas sociales.
Como detalló la consejera regional Ximena Ampuero, quien encabeza estos temas por el lado chileno, “lo más importante que nos llevamos a nuestra Región de Coquimbo es que vamos a tener relaciones bilaterales con las universidades, específicamente a través de la Mesa de Universidades. Lo que queremos es materializar el departamento de género que tienen acá, en nuestra región, y en esto es fundamental la educación de género y de diversidad sexual. Buscaremos replicar lo que nuestros hermanos argentinos están haciendo en beneficio de la equidad de género y de la diversidad sexual”.
Este encuentro forma parte del trabajo desarrollado a través de la Comisión de Diálogo Político, en que hace un año la Región de Coquimbo y la Provincia de San Juan firmaron el Acta de Agua Negra para la construcción de un territorio tecnológico de colaboración, acuerdo que dio paso a la creación de la Subcomisión de Género y Equidad.
Desde la casa de estudios trasandina, su vicerrectora, Analía Ponce, destacó que durante el encuentro “hemos comprometido colaboración para afianzar la integración regional y los pasos que las instituciones de educación superior vamos dando, y de los que podemos aprender unos de otros y apoyarnos mutuamente. Las demandas sociales tienen que ser escuchadas inicialmente por las universidades, para que sea el conocimiento que las mismas generan y la transmisión de una nueva cultura sean las bases sobre las cuales se afirme nuestra hermandad”.
Por ley nacional, las y los funcionarios de servicios públicos argentinos deben pasar por capacitaciones en temáticas de género, las que se implementan bajo la modalidad de talleres. La Universidad de San Juan ejecuta estas capacitaciones a nivel provincial, una labor fundamental, considerando que la educación y sensibilización son fundamentales en materia de equidad de género y diversidad sexual.
Respecto de la importancia de avanzar con políticas públicas y mediante acciones concretas, el consejero por Choapa, David Muñoz, dijo que “estamos recopilando mucha información valiosa sobre este tema que nos preocupa, sobre todo en nuestra provincia del Choapa, una zona apartada de la región y mayoritariamente rural. Nos preocupa la violencia de género y contra las diversidades sexuales que existe en nuestras comunas, por eso esta es una instancia formativa de nivel superior para poder llevar los temas a nuestras respectivas provincias”.
Los principales objetivos de la Oficina por la Igualdad de Género de la Universidad Nacional de San Juan están son informar a la comunidad universitaria sobre los alcances de las leyes nacionales relacionadas a la identidad de género, protección integral a las mujeres y actos discriminatorios; difundir el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia a la identidad de género y protección a las mujeres a nivel universitario; recibir y atender consultas y/o denuncias; garantizar el derecho de defensa de las personas denunciadas; acompañar y contener a la persona afectada; dar seguimiento a estos procesos hasta su término; y generar estadísticas que permitan establecer políticas de prevención y sensibilización en materia de identidad de género, protección integral a las mujeres y actos discriminatorios.
